La Oficina Anticorrupción mandó las actuaciones a Fiscalía para que se inicie la causa penal.
La Oficina Anticorrupción de la Provincia emitió una dura resolución contra el Intendente de Perico, Luciano Demarco. Los funcionarios realizaron una minuciosa investigación, por la supuesta ocupación de una plaza por parte del jefe comunal, y concluyeron que había infringido la ley de Ética Pública y el artículo 248 del Código Penal, que sanciona el delito de abuso de autoridad. Por este motivo la OA resolvió girar las actuaciones al Ministerio Público de la Acusación, para que inicie una causa penal.
Es menester recordar que el intendente periqueño, fue acusado por dos concejales de la ciudad de haber ocupado ilegalmente una plaza y anexarla a su domicilio. Los ediles presentaron registros catastrales, fotografías y un informe certificado por una escribana pública de la localidad. Las pruebas fueron puestas a disposición de los medios de comunicación y de las entidades públicas que investigan este hecho.
Luciano Demarco, lejos de negar la usurpación esgrimió una curiosa justificación. El jefe comunal sostuvo que al llegar al lugar donde convive con su pareja, el predio estaba descuidado, por lo que él se hizo cargo de cortar el césped y plantar árboles. Hasta ahí nada reprochable en la conducta del acusado.
Luego, durante la pandemia, y siempre según la versión del intendente, se realizaron protestas frente a su domicilio, por lo que decidió cercar la plaza utilizando personal municipal. Lo que no pudo explicar es porque construyó un asador, una casa de juegos, un tinglado para sus vehículos y anexó el terreno a su casa convirtiendo un espacio público en un jardín de uso privado para él y su familia.
Por ese motivo intervino la Oficina Anticorrupción, que luego de analizar la causa emitió una lapidaria resolución. “Si bien es cierto que la denuncia se realiza en el contexto de una disputa en el seno del Concejo Deliberante de Perico, motivada en cuestiones político partidarias, situación marcada por el propio Intendente cuando habla de una «operación política» en su contra, este contexto no le hace perder entidad al hecho en sí, que es la ocupación del espacio público en exclusivo interés particular, teniendo competencia funcional directa sobre la decisión”, reza la resolución de la OA.
“Sin lugar a dudas –continúa el escrito- la ocupación del espacio público con el fin de satisfacer un interés particular, en beneficio propio y del grupo familiar, en detrimento del interés general, constituye una conducta prohibida por el régimen de Ética Pública. Asimismo implica un acto de corrupción, afirmación que se sustenta en la noción de que ‘corrupción es la desviación de poder, o el uso del poder con violación de la finalidad de interés público’”
Además, la Oficina Anticorrupción sostuvo “que los hechos concretos que se analizan (la usurpación de la plaza), se advierte que la obtención del beneficio personal se lograría a través de un abuso de autoridad, por lo cual la conducta encuadraría en la tipificación del artículo 248 del Código Penal de la Nación”, por esos motivos desde la OA giraron las actuaciones al Ministerio Público que será el encargado de resolver qué ocurrirá, con el Intendente y con la plaza que el titular del Ejecutivo de Perico decidió usurpar para usarla como jardín de su casa.
