La Comisión de Educación de la Legislatura recibió al equipo técnico de la Dirección de Bienestar Estudiantil y Docente con el objeto de trazar líneas de trabajo en vistas a regularizar el proceso de las cooperadoras escolares.
La reunión se desarrolló en el salón Marcos Paz, donde escucharon atentamente a la licenciada Ana Pantaleón y al equipo de la Dirección de Bienestar Estudiantil y Docente para tratar un tema que desde el 2018 se viene trabajando en el Poder legislativo: un proceso de regularización de las cooperadoras escolares para que cumplan con sus funciones específicas.
Luego de la reunión la legisladora María Teresa Ferrín, presidenta de la comisión detalló que un proyecto presentado oportunamente por el diputado Rivarola “sobre el cual se fue trabajando todo este tiempo, conjuntamente con Fiscalía de Estado, con el Consejo Profesional de Ciencias Económicas para que les sea más barato presentar las rendiciones de cuenta”, dijo.
Agregó que esta nueva ley es «muy amplia porque toma a las escuelas que tienen menos de 50 alumnos”, en cuanto a las que tienen una matrícula mayor serán asociaciones con reconocimiento del ministerio de educación”. Aclaró que se trata de una “ley mejorada a la que teníamos anteriormente, que marca reglas claras y que le va a permitir a todas las asociaciones cooperadoras que ya fueron regularizándose poder contar con fondos que vendrán de Nación”, por lo que instó a “que terminen el trámite para que puedan acceder a esos fondos”.
Señaló que se plantearon una serie de modificaciones, dejando en claro que “el cobro de la cuota no es impedimento para la inscripción del alumno”. En este sentido puntualizó que “el pago de la cooperadora es obligatorio, y que puede ser pagado en efectivo o con la contraprestación de algún servicio o con insumos”, en este sentido recordó “que la acción de la cooperadora es el bienestar del alumno”.
Finalmente puso de relieve que esto está apuntado solo para la educación pública no así para la privada “hemos entendido que para tratar esta nueva ley que no deben estar incluidas. Las escuelas privadas tienen un dueño, podrán si quieren tener una asociación cooperadora, pero no es obligación. Tampoco pueden tener el contralor del gobierno de la provincia. El único control que el ministerio de educación está facultado a hacer es el pedagógico a través de los supervisores”, redondeó Ferrín.
